La violencia intrafamiliar (VIF) es uno de los fenómenos que el sistema legal chileno aborda de manera más integral, contemplando tanto vías civiles como penales para su sanción. Muchas personas no saben que, dependiendo de la gravedad de los hechos, la VIF puede constituir un delito penal que se persigue ante los tribunales de justicia ordinarios, con penas que van desde multas hasta privación de libertad. Si enfrentas una denuncia por este tipo de hechos, es urgente que cuentes con la asesoría de un abogado penalista en Chile.

Marco legal: Ley N° 20.066 y el Código Penal

En Chile, la Ley N° 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar es la norma principal que regula esta materia. Sin embargo, esta ley opera en paralelo con el Código Penal: cuando los hechos de violencia constituyen además un delito común —lesiones, homicidio, abuso sexual, amenazas, entre otros— el caso pasa a ser conocido por los Juzgados de Garantía y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, y no por los Tribunales de Familia.

La distinción es relevante porque las consecuencias procesales y las penas son significativamente distintas según la vía que se active.

¿Cuándo la VIF pasa a ser un delito penal?

La violencia intrafamiliar se convierte en un asunto penal cuando los hechos encuadran en alguno de los delitos contemplados en el Código Penal. Los casos más comunes son:

• Lesiones: Cuando hay daño físico a la víctima, los hechos pueden tipificarse como lesiones leves, menos graves o graves, dependiendo de la entidad del daño. Las lesiones cometidas en contexto de VIF tienen una sanción aumentada en un grado.
• Amenazas: Proferir amenazas graves o verosímiles de causar daño a la integridad física de un familiar puede constituir el delito de amenazas.
• Delito de maltrato habitual: La Ley N° 20.066 tipifica específicamente el maltrato habitual como delito cuando se acredita una pauta reiterada de violencia física o psicológica. Tiene pena de presidio menor en su grado mínimo a medio.
• Femicidio: El femicidio es el homicidio de una mujer en el contexto de una relación de pareja o expareja. La Ley N° 21.212 amplió este concepto e impone las penas más severas del sistema.
• Abuso sexual y violación en contexto de pareja: La violencia sexual entre cónyuges o convivientes también es sancionada como delito.

¿Cómo se inicia el proceso penal por VIF?

El proceso penal puede iniciarse de varias formas:

• Denuncia de la víctima ante Carabineros, PDI o directamente en la Fiscalía.
• Denuncia de terceros (vecinos, familiares, personal de salud). Los médicos y funcionarios de salud están obligados legalmente a denunciar cuando atienden a víctimas de VIF.
• Actuación de oficio de la Fiscalía cuando toma conocimiento de los hechos.

Una vez iniciada la investigación, el Ministerio Público dirige las diligencias investigativas. En muchos casos de VIF, la víctima puede intentar retirar la denuncia, pero esto no necesariamente detiene el proceso penal: la Fiscalía puede continuar la persecución penal de oficio si estima que los hechos son graves o si hay riesgo para la víctima.

Medidas cautelares en el proceso penal

Desde los primeros momentos del proceso, el tribunal puede decretar medidas cautelares para proteger a la víctima y asegurar el avance del proceso. Las más comunes en casos de VIF son:

• Prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o estudio.
• Salida del hogar común si el imputado y la víctima conviven juntos.
• Prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier medio.
• Arraigo nacional (prohibición de salir del país).
• En casos graves, prisión preventiva del imputado.

Estas medidas pueden durar durante toda la investigación y el juicio, lo que tiene un impacto significativo en la vida cotidiana del imputado. Por eso, contar con un abogado que pueda impugnarlas o solicitar su modificación ante el tribunal es fundamental.

Defensa penal en casos de VIF

Si has sido imputado por un delito de violencia intrafamiliar, tienes derechos procesales que deben ser resguardados. La defensa penal en este ámbito puede incluir:

• Cuestionar la veracidad o la coherencia de los hechos denunciados, aportando pruebas que contradigan la versión de la víctima.
• Demostrar que los hechos no encuadran en el tipo penal imputado o que no existe habitualidad en el maltrato.
• Solicitar la exclusión de pruebas obtenidas de manera ilícita.
• Acreditar circunstancias atenuantes que permitan reducir la pena en caso de condena.
• Negociar salidas alternativas con la Fiscalía, como la suspensión condicional del procedimiento (que implica cumplir ciertas condiciones a cambio de no ser juzgado).

¿Cuándo es necesario un abogado penalista?

Desde el primer momento en que existe una denuncia por VIF en tu contra, es indispensable contar con la asesoría de un abogado penalista especializado. Los errores procesales en las primeras etapas —como declarar sin asesoría legal o no impugnar medidas cautelares abusivas— pueden tener consecuencias que se arrastran durante todo el proceso.

Además, la legislación sobre VIF ha experimentado importantes modificaciones en los últimos años, con un enfoque cada vez más protector hacia las víctimas. Esto significa que los fiscales y tribunales tienden a ser especialmente rigurosos en estos casos, lo que hace aún más necesaria una defensa técnica de calidad.

Conclusión

La violencia intrafamiliar puede tener consecuencias penales muy graves en Chile, con penas que van desde multas hasta muchos años de cárcel, dependiendo de la naturaleza y gravedad de los hechos. Si enfrentas una investigación o denuncia por este tipo de delito, no subestimes la situación: actúa con rapidez y busca asesoría legal especializada de inmediato.

En Guevara y Asociados, nuestro equipo de abogados penalistas cuenta con la experiencia necesaria para representarte en todas las etapas del proceso penal por VIF, protegiendo tus derechos y construyendo la mejor estrategia de defensa posible. Contáctanos hoy para una evaluación de tu caso.