La violencia intrafamiliar (VIF) es uno de los fenómenos más complejos del ordenamiento jurídico chileno, precisamente porque puede ser abordada tanto desde la perspectiva del derecho de familia —con medidas cautelares y sanciones civiles— como desde el derecho penal, cuando los hechos configuran delitos tipificados en el Código Penal. En este artículo nos enfocamos en el aspecto penal: cuándo la VIF deja de ser solo una falta y se convierte en un delito con consecuencias penales graves para el imputado.

Marco Legal: La Ley 20.066 y el Código Penal

Chile cuenta con la Ley N.° 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar, que establece el marco general de protección, prevención y sanción. Sin embargo, cuando los actos de violencia son constitutivos de delito —lesiones, amenazas graves, violación, parricidio o femicidio— la persecución penal se realiza a través del Ministerio Público y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal o el Juzgado de Garantía, según corresponda.

Los delitos más frecuentes asociados a la violencia intrafamiliar en Chile son:

• Lesiones: La Ley 20.066 agrava las penas cuando las lesiones se cometen en el contexto intrafamiliar. Las lesiones leves en contexto VIF son delito (no mera falta), lo que significa que llevan asociada una pena de prisión.
• Amenazas: Las amenazas graves o con armas en el contexto familiar son constitutivas de delito y pueden dar lugar a medidas cautelares inmediatas.
• Delitos sexuales: La violación conyugal o entre convivientes es plenamente punible en Chile, sin importar el vínculo afectivo o legal entre las partes.
• Femicidio: Tipificado en el artículo 390 bis del Código Penal, sanciona con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado al hombre que mata a su cónyuge, conviviente o quien haya tenido una relación afectiva con él.
• Parricidio: Contempla las mismas penas graves cuando la víctima es un ascendiente, descendiente o colateral, o el conviviente del imputado.

¿Cuándo Actúa el Ministerio Público?

A diferencia de la vía civil-familiar, donde es necesario que la víctima interponga una demanda, los delitos en contexto de VIF son en su mayoría de acción penal pública: esto significa que el Ministerio Público puede iniciar y sostener la investigación incluso si la víctima no quiere formalizar cargos o decide retirar la denuncia. En la práctica, esto tiene consecuencias importantes tanto para la víctima como para el imputado: una vez iniciada la persecución penal, es difícil detenerla.

La fiscalía puede solicitar al juez de garantía medidas cautelares como la prohibición de acercarse a la víctima, la expulsión del hogar común, el uso de dispositivo de monitoreo electrónico (tobillera) o la prisión preventiva del imputado.

Derechos del Imputado en un Proceso Penal por VIF

Ser imputado en un caso de VIF no implica ser culpable. La Constitución y el Código Procesal Penal chileno garantizan al imputado un conjunto de derechos irrenunciables:

• Derecho a guardar silencio y a no declarar en su contra.
• Derecho a un defensor desde la primera actuación del procedimiento dirigida en su contra, sea que lo designe él mismo o que se le asigne un defensor público.
• Derecho a conocer los cargos que se le imputan y los antecedentes que los fundan.
• Derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una condena firme.
• Derecho a impugnar las medidas cautelares y a solicitar su revisión periódica.

Estrategias de Defensa en Casos de VIF Penal

La defensa penal en casos de violencia intrafamiliar es especialmente delicada porque involucra relaciones personales complejas y pruebas de distinto tipo: declaraciones de la víctima, informes médicos, registros de llamadas, testimonios de testigos y pericias psicológicas. Algunas estrategias relevantes incluyen:

• Cuestionar la coherencia y credibilidad de la prueba: contradicciones entre distintas versiones de los hechos o inconsistencias en los relatos pueden generar duda razonable.
• Acreditar legítima defensa o estado de necesidad: en casos donde el imputado actuó en respuesta a una agresión previa, esta causal de justificación puede ser determinante.
• Calificación jurídica de los hechos: analizar si la conducta imputada efectivamente configura el delito acusado o si corresponde a una figura de menor gravedad.
• Negociar salidas alternativas: la suspensión condicional del procedimiento puede ser una opción viable en casos de menor gravedad, evitando una condena formal.

La Importancia de la Asesoría Legal Oportuna

Un proceso penal por violencia intrafamiliar puede tener consecuencias devastadoras: pérdida de la libertad, restricciones para ver a los hijos, antecedentes penales y efectos en el ámbito laboral. Por eso, si eres imputado en un caso de este tipo, buscar un abogado penalista en Chile con experiencia en VIF es una decisión urgente e ineludible. En Guevara y Asociados contamos con profesionales que pueden analizar tu caso, proteger tus derechos desde el inicio del proceso y diseñar la mejor estrategia de defensa. No enfrentes este proceso solo: contáctanos para una consulta confidencial.

Conclusión

La violencia intrafamiliar en su dimensión penal es un campo jurídico de enorme complejidad, donde los derechos de la víctima y los del imputado deben ser cuidadosamente equilibrados por el sistema de justicia. Conocer el marco legal y contar con representación especializada marca una diferencia fundamental en el resultado de estos procesos. Si estás enfrentando una situación de este tipo —como imputado o como víctima— no dudes en buscar asesoría legal calificada de inmediato.